El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina ingresó el lunes 27 de julio el nuevo proyecto de Ley de RSE, que deroga la Ley 2594, que establecía la obligatoreidad de los Balances de RSE para las grandes empresas de la Ciudad. El nuevo proyecto, además de ratificar la voluntareidad, establece un nuevo "regimen de promoción de la RSE" que prevé incentivos para las empresas como beneficios financieros y compras públicas (se incluirán claúsulas RSE en los pliegos de licitación) y se designa al Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación. A su vez, propone crear un Consejo Consultivo de RSE. El proyecto, aún no ha sido girado a Comisión, aunque fuentes parlamentarias confirmaron a ComunicaRSE que existe voluntad política de aprobarlo antes de fin de año, en el marco de un acuerdo entre oficialismo y oposición. Se prevé que las comisiones que intervengan iniciarán una ronda de consultas con la sociedad civil.
La Diputada María Laura Leguizamón presentó un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social Empresaria. El objetivo es lograr un mayor compromiso por parte de las empresas con la sociedad y el medio ambiente.
Si bien la legisladora ya tenía una iniciativa sobre esta temática presentada en la Cámara de Senadores, la misma había perdido estado parlamentario. El proyecto prevé establecer el marco jurídico al cual “se deben ceñir las empresas que actúan en el país”.
Los principales puntos del proyecto son:
Al igual que la Ley sancionada por la Legislatura Porteña, al proyecto hace obligatoria la elaboración de un balance social para las empresas que cuenten con más 300 trabajadores. Para el resto de las empresas es voluntario y no ofrece beneficios promocionales.
Los balances sociales de las empresas deberán ser validados por una Auditoría Social Externa. También deberán contar con los mismos las empresas que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.
El balance social de las empresas se hará público con el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación.
Las empresas pueden obtener la certificación de responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta y se haya verificado su cumplimiento. Este certificado habilita a la empresa a utilizar políticamente al distintivo “Socialmente Responsable”.
El incumplimiento para aquellas empresas obligadas queda tipificado como una infracción.
La Diputada María Laura Leguizamón presentó un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social Empresaria. El objetivo es lograr un mayor compromiso por parte de las empresas con la sociedad y el medio ambiente.
Si bien la legisladora ya tenía una iniciativa sobre esta temática presentada en la Cámara de Senadores, la misma había perdido estado parlamentario. El proyecto prevé establecer el marco jurídico al cual “se deben ceñir las empresas que actúan en el país”.
Los principales puntos del proyecto son:
Al igual que la Ley sancionada por la Legislatura Porteña, al proyecto hace obligatoria la elaboración de un balance social para las empresas que cuenten con más 300 trabajadores. Para el resto de las empresas es voluntario y no ofrece beneficios promocionales.
Los balances sociales de las empresas deberán ser validados por una Auditoría Social Externa. También deberán contar con los mismos las empresas que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.
El balance social de las empresas se hará público con el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación.
Las empresas pueden obtener la certificación de responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta y se haya verificado su cumplimiento. Este certificado habilita a la empresa a utilizar políticamente al distintivo “Socialmente Responsable”.
El incumplimiento para aquellas empresas obligadas queda tipificado como una infracción.
Link Proyecto de Ley: http://www.comunicarseweb.com.ar/pdfs/Ley-RSE-CABA.pdf
Fuente: Comunicarseweb
Nuevo proyecto Ley de RSE medioambiente ambiente
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