Por Enrique Matías Viale
El horizonte en materia ambiental no es alentador. Nuestro país cuenta con las cuencas hídricas mas contaminadas del planeta, una mega-minería transnacional devastadora, un avance incontrolado de la deforestación, un conurbano bonaerense apestado de contaminación, una utilización irracional y generalizada de agroquímicos, un inexistente ordenamiento ambiental del territorio -urbano y rural-, depredación de nuestros mares, las consecuencias del Cambio Climático Global, son solo parte del actual desaguisado. Todo ello en un marco de mandatarios provinciales y encumbrados funcionarios nacionales con relaciones peligrosas con los victimarios de la degradación ambiental y que priorizan perversamente los intereses económicos concentrados por sobre los derechos ambientales de todos, desconociendo cómplicemente las consecuencias socio-ambientales de sus acciones y omisiones.
Este panorama evidencia la imperiosa necesidad de que el Congreso Nacional enfoque la problemática ambiental desde la óptica de los Derechos Humanos para poder garantizar su pleno goce y tutela. La cuestión ambiental abarca mucho más que lo paisajístico, como perversamente nos quieren persuadir. El resultado de la evidente ausencia de política ambiental en nuestro país se transforma en una alarmante situación con millones de personas soportando, injusta e indignamente, las consecuencias de la degradación ambiental y con sus derechos elementales violados sistemáticamente.
Como lo fue en los últimos cien años, el Riachuelo es uno de los mayores desafíos del 2010 en esta materia. Resulta imperioso promover la efectiva vigencia de derechos humanos básicos en la cuenca con una inmediata asistencia sanitaria activa y habitacional a la población afectada. Para ello, se requiere una verdadera voluntad política que rompa con la añeja complicidad de los funcionarios -nacionales, provinciales y municipales- con los agentes contaminantes. El Congreso Nacional debe velar por el cumplimiento de la histórica sentencia de la CSJN y que ninguna “solución” signifique trasladar la contaminación al Río de la Plata promoviendo la aplicación de un plan progresivo de eliminación de las principales sustancias peligrosas, articulando la instrumentación de la reconversión tecnológica prioritaria de las industrias más contaminantes.
También deben desmontarse los actuales paradigmas de saqueo económico y devastación ambiental e institucional del actual modelo minero. Contaminación, acentuación de la desigualdad, neocolonialismo y una vergonzosa subordinación social, económica y política a las empresas transnacionales caracterizan el accionar de la gran minería en nuestro país. Ello gracias a un andamiaje jurídico articulado en la década pasada pero defendido actualmente con fiereza por el oficialismo y sus aliados. Resulta prioritario sancionar una Ley de Protección de Glaciares con el mismo texto que la vetada por la Presidenta. Nos alerta la media sanción del Senado de la Nación de un proyecto impulsado por Daniel Filmus que pretende solapadamente atribuirse modificaciones superadoras de la ley vetada pero que, sin embargo, cumple aplicadamente con los deseos de las transnacionales mineras. Consentir cualquier cambio a la letra de la ley original vetada sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería legitimar el espurio lobby de las mega-mineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la corporación Barrick Gold. En definitiva, sería reconocer que la mega-minería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
El Congreso Nacional también tiene la obligación de legislar sobre las consecuencias de la aplicación indiscriminada y generalizada de agroquímicos en gran parte de nuestro territorio. El principio precautorio, que junto al preventivo constituyen las columnas vertebrales del Derecho Ambiental, debe aplicarse inmediata y efectivamente para aquellos agroquímicos donde no exista certeza científica o ausencia de información sobre las consecuencias en la salud y los ecosistemas, como ocurre con el glifosato y el endosulfán.
Estas son solo algunas de las acciones que debiera realizar en materia ambiental el Congreso Nacional este año, pero ninguna medida autónoma podrá reemplazar la ineludible obligación de que la temática ambiental se convierta en una verdadera cuestión de Estado que atraviese todos los poderes públicos, incluso al Poder Legislativo.
* Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
El horizonte en materia ambiental no es alentador. Nuestro país cuenta con las cuencas hídricas mas contaminadas del planeta, una mega-minería transnacional devastadora, un avance incontrolado de la deforestación, un conurbano bonaerense apestado de contaminación, una utilización irracional y generalizada de agroquímicos, un inexistente ordenamiento ambiental del territorio -urbano y rural-, depredación de nuestros mares, las consecuencias del Cambio Climático Global, son solo parte del actual desaguisado. Todo ello en un marco de mandatarios provinciales y encumbrados funcionarios nacionales con relaciones peligrosas con los victimarios de la degradación ambiental y que priorizan perversamente los intereses económicos concentrados por sobre los derechos ambientales de todos, desconociendo cómplicemente las consecuencias socio-ambientales de sus acciones y omisiones.
Este panorama evidencia la imperiosa necesidad de que el Congreso Nacional enfoque la problemática ambiental desde la óptica de los Derechos Humanos para poder garantizar su pleno goce y tutela. La cuestión ambiental abarca mucho más que lo paisajístico, como perversamente nos quieren persuadir. El resultado de la evidente ausencia de política ambiental en nuestro país se transforma en una alarmante situación con millones de personas soportando, injusta e indignamente, las consecuencias de la degradación ambiental y con sus derechos elementales violados sistemáticamente.
Como lo fue en los últimos cien años, el Riachuelo es uno de los mayores desafíos del 2010 en esta materia. Resulta imperioso promover la efectiva vigencia de derechos humanos básicos en la cuenca con una inmediata asistencia sanitaria activa y habitacional a la población afectada. Para ello, se requiere una verdadera voluntad política que rompa con la añeja complicidad de los funcionarios -nacionales, provinciales y municipales- con los agentes contaminantes. El Congreso Nacional debe velar por el cumplimiento de la histórica sentencia de la CSJN y que ninguna “solución” signifique trasladar la contaminación al Río de la Plata promoviendo la aplicación de un plan progresivo de eliminación de las principales sustancias peligrosas, articulando la instrumentación de la reconversión tecnológica prioritaria de las industrias más contaminantes.
También deben desmontarse los actuales paradigmas de saqueo económico y devastación ambiental e institucional del actual modelo minero. Contaminación, acentuación de la desigualdad, neocolonialismo y una vergonzosa subordinación social, económica y política a las empresas transnacionales caracterizan el accionar de la gran minería en nuestro país. Ello gracias a un andamiaje jurídico articulado en la década pasada pero defendido actualmente con fiereza por el oficialismo y sus aliados. Resulta prioritario sancionar una Ley de Protección de Glaciares con el mismo texto que la vetada por la Presidenta. Nos alerta la media sanción del Senado de la Nación de un proyecto impulsado por Daniel Filmus que pretende solapadamente atribuirse modificaciones superadoras de la ley vetada pero que, sin embargo, cumple aplicadamente con los deseos de las transnacionales mineras. Consentir cualquier cambio a la letra de la ley original vetada sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería legitimar el espurio lobby de las mega-mineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la corporación Barrick Gold. En definitiva, sería reconocer que la mega-minería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
El Congreso Nacional también tiene la obligación de legislar sobre las consecuencias de la aplicación indiscriminada y generalizada de agroquímicos en gran parte de nuestro territorio. El principio precautorio, que junto al preventivo constituyen las columnas vertebrales del Derecho Ambiental, debe aplicarse inmediata y efectivamente para aquellos agroquímicos donde no exista certeza científica o ausencia de información sobre las consecuencias en la salud y los ecosistemas, como ocurre con el glifosato y el endosulfán.
Estas son solo algunas de las acciones que debiera realizar en materia ambiental el Congreso Nacional este año, pero ninguna medida autónoma podrá reemplazar la ineludible obligación de que la temática ambiental se convierta en una verdadera cuestión de Estado que atraviese todos los poderes públicos, incluso al Poder Legislativo.
* Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
cuencas hídricas mas contaminadas planeta planificación
No hay comentarios:
Publicar un comentario